Foto: El Correo de Andalucía

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UGT EMASESA

Desde que el pasado 22 de mayo Zoido y Maza firmaran un  Convenio con el Arzobispado para destinar 424.000 € de EMASESA a la restauración de la Iglesia de Santa Catalina, los medios de  comunicación no han parado de ocuparse de esta noticia. ¡Y no es para menos! Esta inadmisible decisión no ha dejado indiferente a la mayoría de la ciudadanía.
"La buena vecindad" no justifica que EMASESA se desprenda de una cantidad tan importante para un fin tan alejado del negocio del agua, máxime cuando hay necesidades prioritarias que atender tanto en Sevilla como en el resto de municipios que  la integran, y que sí deben ser contemplados por esta empresa.
En este contrato de patrocinio todo es extraño, llama la atención e invita a especular sobre las motivaciones que han llevado a la firma del mismo. Por ejemplo: la cercanía de las elecciones y el   probable cambio en el gobierno municipal; la irrisoria pretensión de que sea la Iglesia la que tenga que darnos publicidad ante los  ciudadanos, ¿nos vamos a anunciar ahora en la hoja parroquial?; y la guinda de la cláusula de confidencialidad, que no alcanzamos a comprender para qué es necesaria ni qué secreto pretende amparar.
Con esta actuación y con la de    facilitar el cambio de moneda a los trabajadores y trabajadoras de EMASESA que fueran a Varsovia a la final de la Copa de la UEFA (que también ha aparecido en una columna de un medio local titulada "A golpes de Maza") parece que se cierra el círculo de quien llegó a la empresa diciendo "yo no soy   político" y "nos vamos a dedicar sólo al agua".

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UGT EMASESA

Han pasado cuarenta y dos años desde la primera conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente en 1973, y a pesar de las innumerables aportaciones científicas alertando sobre los gravísimos peligros que  para la pervivencia de todos los seres vivos tiene las alteraciones que se están produciendo en la climatología del planeta, aún los gobiernos no han tomado las medidas necesarias para corregirlas.
En este escenario, y a las puertas de la vigésimo primera Conferencia  sobre el Cambio Climático que se  celebrará en París entre el 30 de  noviembre y el 11 de diciembre de  este año, más de 400 organizaciones de nuestro país que representan al movimiento ecologista, sindical, de cooperación al desarrollo, ciencia e investigación y a los consumidores, han conformado la plataforma  Alianza por el Clima.
La sociedad civil se ha organizado  para confluir y trabajar en red con coaliciones que en todo el mundo   estén interesadas en promover políticas y medidas sobre el clima que  permitan reducir las actuales emisiones que generan fundamentalmente los países desarrollados.
Los procesos productivos de la mayoría de los sectores  (industria, generación de energía, transporte, agricultura, edificación, gestión de residuos) se realizan con un alto grado de emisiones. Por ello es  necesario y urgente poner en marcha medidas para reducirlas. Todos los estados tienen que trabajar en esta linera, teniendo en cuenta el nivel de emisiones que históricamente han efectuado cada uno de los países y  también su grado de desarrollo e industrialización.
UGT es una de las organizaciones que conforman la Alianza por el  Clima y reivindica que en el futuro acuerdo de cambio climático se promueva las medidas necesarias para que sean beneficiosas para el medio ambiente y al mismo    tiempo ayuden a la creación de empleos dignos y de calidad.
Es preciso alcanzar un acuerdo   internacional que vincule a los estados, que garantice para 2020  la reducción de emisiones que   evite los peores impactos ecológicos, económicos y sociales del cambio climático.

 

 

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UGT EMASESA

Nadie podía imaginar en la primavera de 2011 lo que iban a cambiar las condiciones laborales de     quienes trabajamos en EMASESA. En esa época, aunque ya hacía    algunos años que la codicia de unos  pocos (presentada al conjunto de la ciudadanía como una gran crisis económica) nos azotaba, los efectos de la misma aún no habían hecho   estragos en nuestro entorno.
Por esas fechas empezábamos a   preparar la Plataforma para el próximo Convenio Colectivo, cuya negociación fue atropellada por las primeras disposiciones legales tomadas por el Gobierno tras las Elecciones Generales celebradas el 20 de noviembre de dicho año.
Desde ese momento tenemos congelado el salario, cobrando a día de hoy lo mismo que en 2011, último año en el que  tuvimos aumento de sueldo. Pero no queda ahí la cosa, el Plan de Pensiones no ha recibido las aportaciones corrientes comprometidas (salvo una exigua cantidad el pasado año) e incluso hubo que    prestar dinero del Fondo de Acción Social para sufragar la Póliza del Seguro de Riesgo para los casos de invalidez y fallecimiento,  préstamo que aún no se ha        devuelto en su totalidad. La Dirección se ha venido escudando en las modificaciones legales para justificar sus actuaciones, pero lo cierto es que las ha interpretado de la manera más cicatera posible, siempre en nuestro perjuicio, negándose a   pagarnos la cláusula de revisión salarial del año 2011 pactada en el Convenio y  haciéndonos perder parte de la rentabilidad del Plan de Pensiones del año pasado, al empeñarse en pagarnos la pequeña aportación que nos correspondía a final de año en lugar de haberlo hecho a comienzos del mismo. 

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