Imagen: ecologistasenacción.org
UGT EMASESA
Hace pocos días se conmemoraba el Día Mundial del Agua. Aunque parezca increíble en pleno siglo XXI, aún no se ha conseguido garantizar el derecho al acceso universal al agua potable de una ingente cantidad de personas en todo el mundo. Alrededor de 748 millones no tienen acceso a una fuente cercana de agua en condiciones adecuadas para el consumo humano y más de 2.500 millones carecen de servicios de saneamiento. Sólo en la Unión Europea hay cerca de ocho millones de ciudadanos y ciudadanas que consumen agua de mala calidad y en España más de tres millones de personas tienen dificultades para pagar las facturas.
Uno de los indicadores más claros para medir la desigualdad y la vulnerabilidad de las personas es sin duda la dificultad que tengan para tener cubiertas sus necesidades básicas de consumo de agua. La erradicación de la pobreza no es posible, al igual que tampoco lo es la salud si no puede garantizarse el acceso al elemento más imprescindible para el ser humano.
El agua, por tanto, no puede ser considerada como una mercancía más, ni como un producto destinado al negocio para proporcionar riqueza a unos pocos. Es un servicio público esencial y no es admisible la privatización de este recurso, ni tampoco lo es dejar su gestión en manos de empresas privadas.
En los periodos electorales el discurso de la titularidad pública del ciclo integral del agua es habitual en todos los grupos políticos, pero hay que ahondar un poco y separar el grano de la paja. Desgraciadamente hay cada vez más municipios en nuestro país que privatizan sus servicios de agua. Es un método fácil y rápido para llenar las depauperadas arcas municipales, pero ¿a costa de qué? A costa de subir más temprano que tarde el agua a la ciudadanía, de prestarle un servicio peor que el que se prestaba por la empresa pública, de no invertir en infraestructuras nuevas ni conservar adecuadamente las existentes, por no hablar de la reducción de puestos de trabajos y del deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en las empresas privatizadas. No hay más que mirar a nuestro alrededor para comprobarlo. Huelva o Jerez están cerca y se puede ir con facilidad a verificarlo.
