UGT EMASESA

El agua ha sido siempre el elemento que los humanos hemos considerado más preciado. A lo largo de la historia su control ha provocado  intrigas, conspiraciones, engaños, traiciones, muertes y guerras. El  acceso a este recurso tan preciado, ha condicionado y condiciona la   vida y su gestión ha enriquecido y sigue enriqueciendo a quienes con él especulan porque lo consideran un negocio y no un derecho básico de la ciudadanía.

Precisamente porque es un derecho básico consideramos que deben ser los poderes públicos los  que se ocupen de que la población en su conjunto tenga acceso al abastecimiento y saneamiento en idénticas condiciones, siendo  para ello necesario que el agua sea cien por cien pública.

La legislación en nuestro país determina que la titularidad del agua es siempre pública y a ello se agarran quienes se empeñan en afirmar que la irrupción de las    empresas privadas en el sector no implica privatización de los servicios. Y la implica, claro que la implica. Se privatiza la gestión y la administración deja de ser la encargada de prestar el servicio, con los problemas que esto acarrea en  muchas ocasiones a los ciudadanos y ciudadanas, que van desde el aumento del precio hasta el deterioro del propio servicio.

La gestión del agua pasa a ser un negocio. Un negocio muy lucrativo para las empresas, para las administraciones y en muchos casos   para los que han propiciado que  este proceso pueda efectuarse.

En las últimas semanas los medios de comunicación nos han ilustrado con algunos casos que ponen en evidencia el panorama desolador de podredumbre en el que están  inmersas diversas empresas dedicadas al ciclo integral del agua.

La "Operación Lezo" ha dejado al descubierto la cloaca del Canal de Isabel II, que durante años se ha utilizado para desviar dinero público, conformando una trama que ha operado en España y en varios    países de América del Sur. Los capos del Canal han prevaricado, extorsionado, defraudado a la      Hacienda  Pública, robado a gran escala y se han hecho ricos a costa de los  contribuyentes. Han actuado con total impunidad hasta que     hace pocos días han sido detenidos. Sus atropellos han contaminado a otras empresas del sector, Técnicas Valencianas del Agua y Aguas de Barcelona están siendo investigadas por la Audiencia Nacional por su posible vinculación con este caso.

Días atrás ha comenzado el juicio del caso Emarsa, también en la  Comunidad Valenciana. En esta ocasión el presunto fraude en la  depuradora de aguas residuales de Pinedo ha alcanzado los  25 millones de euros.

En Acuamed la Audiencia Nacional  investiga otro fraude millonario, en esta ocasión la presunta adjudicación fraudulenta de contratos de obras de infraestructura hidráulica.

En todos estos casos los corruptos han utilizado idénticos mecanismos. Han cobrado por obras inexistentes, han blanqueado dinero, han malversado fondos públicos, han pagado viajes, comidas, servicios de compañía, han hecho  regalos esplendidos para tapar la boca de quienes podrían haberlos delatado, convirtiéndolos en cómplices,  en nuevos corruptos de una cadena muy larga, con muchos  eslabones de los que con casi toda probabilidad aún nos quedan muchos por descubrir.

Ojala nunca tengamos la nefasta sorpresa de ver en los periódicos el nombre de EMASESA asociado a asuntos de esta naturaleza.