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Foto: elCorreoweb.es

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La lucha contra el paro reúne hoy, 40 días después de su primera cita, a los portavoces de PP, PSOE e IU. La oferta de Gobierno y oposición son, a día de hoy, diametralmente opuestas

 

Iñaki Alonso

A principios de año, se fraguó una nueva tentativa para amarrar un pacto por el empleo en la ciudad que tapone esa sangría de despidos que han hecho que se roce el techo de 90.000 sevillanos engro- sando la lista del paro. Salió de la boca del socialista Juan Espadas, aunque esta vez su lamento sí encontró respuesta positiva del PP -de IU siempre la tuvo, con el que siempre ha ido de la mano para pedir planes de empleo-. Su propuesta se formalizó un 8 de enero aclamando una intervención "urgente". Tanto que, diez días después se produjo el primer tanteo, aunque la reunión se limitara a apenas tres cuartos de hora.

Tras esta toma de contacto, quedaron en citarse una semana después, con ánimo de evitar la confrontación pero con el tufillo de guerras pasadas. Un sueño de pacto en el que el más escéptico -o más realista, según se vea- era el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que avisó que sin el plan de choque difícilmente habría fumata blanca. Lo dijo claro: abandonaría la negociación.

No ha pasado ni un día ni una semana, sino 40 largas jornadas para que se vuelvan a encontrar. De excusas para tal dilación hay muchas, huelga de Lipasam incluida. En medio de esa espera, cada fuerza desempolvó su guion -de sobras conocido-, lo sazonó y revendió como receta mágica contra el paro. ¿Creíble? Juzguen.

El PP, que gobierna en la ciudad, se acoge a la inversión privada para prometer un milagro sevillano: 46.000 nuevos empleos y rebajar a la mitad la tasa de paro. Más aventurado incluso que el de finales de 2011, cuando el alcalde anunció diez proyectos que generarían 25.000 empleos en cuatro años. Pero el inicial y su evolución tienen un pero. Un condicional: si la Junta no permite el uso comercial en la Gavidia, no habrá empleo; si se ralentiza el dragado del río, no habrá empleo; si Hacienda tarda en conceder la zona franca, no habrá empleo,... y así un largo etcétera. De esas variables, ninguna depende en exclusiva del Ayuntamiento, lo que añade mucha incertidumbre.

Frente a ello, está la opción menos aventurada del PSOE. Su propuesta se sustenta en tres ejes que permitirían, a priori, contratar a 3.600 parados de larga duración: ayudas y convenios para alentar a las empresas a la contratación y rebajas fiscales a los que amplíen plantilla. Todo ello cifrado en 10 millones de inversión municipal -más cuatro que no percibiría de los tributos de 2014-. Hasta ahí podría pasar. Incluso con la bendición del interventor. Pero existe una barrera: siempre que se ha presentado un plan de choque, el Gobierno local lo condiciona al desbloqueo de Gavidia. Y esa ecuación no sale.

La misma cortapisa tiene IU, aunque su propuesta además está a las antípodas de la del PP. Si éste apela a lo privado, su plan de choque nace en exclusiva de lo público, con el Consistorio de empresa contratista a todo aquel que haya perdido toda prestación. El coste sería de 15 millones y, en teoría, hasta 4.000 beneficiados.

Tres visiones que se debatirán hoy en una cita que, si tiene atisbos de esperanza, es por los guiños de los últimos días. PP, PSOE e IU se unieron para evitar la fuga de empresas como Danone o Cargill en el último pleno. Y así lo ratificaron acudiendo a la mesa por la industria de CCOO y UGT. Si van en esa buena lid, es posible. Sólo habrá que contener esa bilis que hace que la política local esté a veces tan alejada del ciudadano.